¡Y todavía tienen chance!

Cada semana nos obsequian con un nuevo capítulo para poner a prueba nuestra capacidad de asombro. Ahora son inquilinos del Parlamento Nacional y la flor y nata de nuestra diplomacia quienes, una vez cazados, pretenden presentarnos como legal lo que sencillamente resulta inmoral a la gente corriente. Por mucho que intenten justificarlo, lo penúltimo destapado por los medios de comunicación acerca de las actividades profesionales de los señores Trillo y Pujalte, está bien lejos de lo que debe permitir el régimen de compatibilidades parlamentarias, y bastante cerca del comisionismo, del tráfico de influencias y del lobbismo.

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El actual embajador de España en Londres, Federico Trillo, recibió 354.560 euros en casi tres años, y 75.000, en poco más de uno, el diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, a través de sus respectivos despachos de asesoría. Los pagos vinieron de una de las empresas beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda (Diario El País). Ellos se defienden afirmando que asesoraban verbalmente al consejo de administración de la constructora Grupo Collosa, actividades que, agárrense, son legales aunque no sean éticas, según el propio Pujalte, amparado en el ambiguo régimen de incompatibilidades de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (véase el capítulo II. Incompatibilidades).

75.000 euros en un año suponen un sobresueldo de más de 6.000 € mensuales y 354.000 €, en tres años, hacen que el pastel se acerque a los 10.000 € al mes. Y todo por realizar alguna que otra llamada telefónica o por tomar de vez en cuando café, según ellos mismos han dejado caer. ¡Qué buenos pluriempleos Sr. Pujalte! ¡Con que facilidad les sonríe a algunos la fortuna, Sr. Embajador! ¡Qué buenos réditos habrán recibido los de la constructora para corresponderles con tan rumbosas recompensas!

Estos señores pertenecen a la élite que nos acusó de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, que nos han impuesto una austeridad suicida, la que han maltratado los derechos sociales y laborales de la ciudadanía, la que han mentido siempre que se ha terciado hasta endosarnos toda la basura de las barrabasadas financieras de sus amiguetes y colegas. Eso sí, a ellos poco les ha afectado la crisis por lo que se va viendo. Y luego, cuando les llaman casta, se molestan.  

Comienza a resultar aburrido y provoca hastío proseguir con el relato de tanta podredumbre. Lo único que se nos va revelando es que la magnitud de la corrupción del sistema político en España está generando una horrible perversión: su conversión en algo cotidiano que muchos aceptan estoicamente y con lo que están dispuestos a coexistir.

Algunos hacen responsable de estos posicionamientos a la lentitud de la justicia que perciben como inoperante. Otros esperan que las respuestas jurídicas que finalmente emitan los tribunales sean decepcionantes. Presienten que muchos hallarán vías de escape aprovechando subterfugios legales que impidan probar los presuntos delitos de los que se les acusa, o como dichos delitos finalmente se presenten como prescritos. Seguramente no será así y alguna vez se producirán respuestas judiciales adecuadas a la interminable lista de procesos abiertos, pero lo que sí parece inevitable es que, cuando ello ocurra, será demasiado tarde.

Lo que es irrebatible es que si estos sabelotodo continúan subidos a la poltrona es porque les han otorgado el voto y, en casos como éstos, seguir haciéndolo es perderse el respeto a uno mismo. Corremos grave riesgo de convertirnos en cómplices de los corruptos al consentir, por acción u omisión, sus tropelías. ¡Ya está bien de actuar como ganado! Es asombroso ver como muchos de estos abusadores que permanecen en el punto de mira de la sospecha repetirán en las próximas listas electorales con grandes expectativas de ser reelegidos. Esperar que hagan transparente el sistema quienes lo corrompieron es de estúpidos o de analfabetos.

Padecemos una incultura crónica, caldo de cultivo para las manipulaciones más groseras. Funcionamos como manada, como zombis políticos, capaces de ceder nuestra soberanía sin reparar en las consecuencias. Y tenemos la obligación moral de transcender tanta frivolidad por responsabilidad histórica hacia las futuras generaciones. Neguémosles deliberadamente la chance que aún se creen poseer y pasémosles la factura que se merecen: el destierro de la cosa pública. Recientemente, Arturo Pérez Reverte se refería a este drama social con este tino: "Existe televisión, Internet, prensa, la educación es obligatoria, así que quien es analfabeto hoy es porque quiere, quien ve 'Sálvame' en vez de 'Salvados' es porque quiere, nadie le obliga, ahora es voluntario”.

A.J.G.G.