En plena canícula de aquel 23 de agosto de 2011, el ya desconcertado Presidente del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, nos sorprendió a todos al promover una súbita reforma de la Constitución de 1978. El origen de tan drástica decisión, consensuada con el principal partido de la oposición, tuvo su origen en la enigmática carta dirigida el 5 de agosto anterior por el entonces presidente del BCE (Banco Central Europeo), Jean-Claude Trichet.
Todos recordamos la patética imagen en la que el Presidente Zapatero venía desenvolviéndose dentro y fuera de España en aquellos meses de 2011. Abandonado por los suyos, acosado por una oposición feroz y ninguneado por los líderes de UE, circulaba como un zombi por los pasillos de Bruselas agobiado por una crisis de la que no supo o no quiso darse cuenta a tiempo, preso de un shock catatónico, como si éste hubiera sido diseñado en las alcantarillas neoliberales de la Escuela de Chicago. La economía española, presa durante décadas de la especulación inmobiliaria, se derrumbaba ante los ojos ingenuos de quien seguramente había soñado con pasar a la Historia como el adalid del Estado del Bienestar español.
Zapatero ganó sus primeras elecciones en abril de 2004. Un día
después de tomar posesión como presidente del Gobierno, anunció la retirada de
las tropas españolas desplegadas en la infame guerra de Irak. A lo largo de sus dos legislaturas el salario mínimo interprofesional pasó de
460,5 € en 2004 hasta los 748 € actuales (un incremento del 62,43%), y se impulsaron,
sobre todo en su primer mandato, todo un programa progresista de
medidas sociales como la legalización del matrimonio homosexual (2005), Ley
de Dependencia (2006), Ley de
Memoria Histórica (2007) o Ley para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007). Además, en su primera
legislatura, España conoció la tasa de desempleo más baja de los últimos 30
años (8,3% en 2007).
Evolución
de la tasa de paro en España
No es el objeto de esta exposición
enaltecer una figura a quien la Historia reprochará no haber entendido que la
evolución social debe contar con una armonía entre el querer hacer y el poder
hacerlo. No haber entendido que la pantanosa base en que durante décadas se
había sustentado la economía española era jugar a un funambulismo suicida. Un
país cuya riqueza (PIB) se sustentaba en la construcción (12%) y en el sector
servicios (69%), éste en buena medida orientado a la construcción y el
turismo, con un escuálido sector
industrial (16%) y un sector
primario con cada vez menor peso en el PIB (3%), era un país sin ninguna
fortaleza económica y para el que cualquier vaivén le podía convertir en tumor
la más mínima rozadura.
Ese fue el gran problema de Zapatero, querer hacer crecer a un
gigante con pies de plomo. "Estamos en la Champions League de la
economía" o "Somos la octava potencia mundial, la
envidia de Europa y pronto superaremos a Francia como ya hemos hecho con
Italia", se atrevería a afirmar
en 2007, ebrio de éxito cuando aún la tormenta financiera no había estallado.
Quizá no sabía, o no quiso saber, que el plan era otro para quienes realmente
deciden los destinos del mundo.
Pero
volvamos al principio, a aquel verano de 2011. Ya habían pasado los días de
vino y rosas, y Zapatero, presionado
por los acontecimientos, no había tenido tregua desde el inicio de su segundo
mandato (2008). El estallido de la burbuja inmobiliaria había desencadenado la
mayor crisis financiera y bancaria que se había conocido en España con el
consiguiente descrédito internacional de la economía española. Durante tres
años Zapatero había visto derrumbarse
su particular edén al que sólo apuntaló con medidas fallidas (subida del IVA,
reforma laboral, recortes sociales, ajustes salariales a los funcionarios,
reformas del sistema de pensiones…) que siempre apuntaron al socavamiento del
estado de bienestar colectivo y que nunca fueron suficientes para los gendarmes
europeos.
Jean-Claude
Trichet, presidente del BCE (2003-2011)
Aquella enigmática carta (PULSAR PARA VER CONTENIDO COMPLETO) de Jean-Claude Trichet, le instaba a
más, a mucho más de lo que ya había puesto en marcha: rebajar los salarios,
facilitar el despido, debilitar a los sindicatos, limitar por ley el gasto
público, adopción de severas medidas fiscales o, incluso, aprovechando la coyuntura, liberalizar el mercado de
alquileres. Ello suponía una
injerencia en toda regla en la soberanía nacional cuya consecuencia inmediata fue que el 23
de agosto, Zapatero y Rajoy acordaron reformar
la Constitución española para limitar el déficit público. La reforma
del artículo 135 de la Constitución sería sancionada y promulgada por el Rey el
27 de septiembre de 2011 sin referéndum alguno.
Cabe no olvidar que en los mismos términos y con las mismas exigencias fue enviada, simultáneamente, otra carta al gobierno italiano de Silvio Berlusconi, pero, claro, el gobierno italiano fue menos diligente para plegarse a las exigencias europeas.
Cabe no olvidar que en los mismos términos y con las mismas exigencias fue enviada, simultáneamente, otra carta al gobierno italiano de Silvio Berlusconi, pero, claro, el gobierno italiano fue menos diligente para plegarse a las exigencias europeas.
Para España
el plan estaba trazado. A partir de entonces quedaba el camino expedito para
aplicar en nuestro país las políticas neoconservadoras inspiradas
en el Consenso de Washington y que tanto dolor habían causado ya en Portugal, Grecia y en otros países
del mundo (véanse las entradas de este blog Todo
un plan de largo alcance y El
auge del capitalismo del desastre). Sólo faltaba alimentar en shock
colectivo (subida de la prima de riesgo, fuga masiva de capitales, crisis de
Bankia y de las cajas de ahorro, hundimiento de los mercados inmobiliarios,
retirada del crédito a pequeñas empresas y particulares, despidos masivos…)
para que la ciudadanía, abrumada,
entregara la mayoría absoluta en las
urnas a quienes estaban prestos a ejercer de sicarios en la implantación de
implacables medidas de austeridad a toda velocidad. No se cortaron ni un pelo
en criminalizar a todo lo que se movía para afirmarse en sus planes: ¡Habíamos
vivido por encima de nuestras posibilidades!, se atrevieron a difundir. No se puede ser más
miserable.
Nos hallamos en un nuevo mes de septiembre, el 3º desde que nuestro Parlamento renunció a parte
de nuestra soberanía en favor de los mercados. Hoy ya conocemos los
resultados. Las gloriosas soluciones impuestas por los burócratas europeos y
ejecutadas de manera inmisericorde por el gobierno del Sr. Rajoy nos han sumido en mayor pobreza, sufrimiento y pesimismo.
La tasa de desempleo subió y sigue anclada
en lo más alto, los jóvenes, sin
futuro, emigran por doquier, las políticas
sociales han sido arrasadas, la educación
y la sanidad enferman endémicamente,
la devaluación salarial ha sido
brutal, la precariedad en el empleo se
generaliza sin perspectivas de solución, y, mientras tanto, se nos inunda con mentiras envueltas en un lenguaje eufemístico
y procaz para hacernos creer que las cosas están mejorado.
Aquel verano de 2011 fue cálido, como todos los veranos, y será eterno en
el recuerdo para cuantos, ajenos, habrían de padecer las consecuencias de lo
que, a espaldas de todos, otros decidieron: poner por delante del bien colectivo su
propia salvación y la de los intereses que representan.
A.J.G.G.
* * * *
El artículo 135 de la Constitución de 1978 antes de reformarse era el siguiente:
1. El Gobierno habrá de estar
autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer
el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán
siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser
objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la
ley de emisión.
El nuevo artículo 135 quedó así:
1. Todas las
Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades
Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes
establecidos, en su caso, por la Unión
Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley
Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las
Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las
Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades
Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o
contraer crédito.
Los créditos
para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus
presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán
ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de
la Ley de emisión.
El volumen de
deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al
producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia
establecido en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará
los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en
los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional
entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera.
En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites
de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos
excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de
las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La
metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La
responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de
acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere
este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación
efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones
presupuestarias.
Significado de "Estado" según los diferentes desgobiernos en Españistán: "si no tienes dinero te quitaremos lo poco que tienes y se lo daremos a quien vive como un rey"
ResponderEliminarSignificado de "Estado de Derecho" según los diferentes desgobiernos en Españistán: Utilizaremos la Ley para evitar que con la Ley podáis defenderos, os quitaremos lo poco que tenéis y se lo daremos a quienes viven como reyes
Lo que ha creado esta crisis es una mayor desigualdad social, tendemos como en muchos otros países a abolir la clase media. Ahora mismo se venden más productos de lujo, coches de alta gama ¿es eso normal en una situación de apretarse el cinturón? Hay cinturones que ya no tienen agujeros para seguir reduciendo su perímetro mientras otros cinturones ya no abrochan a quienes nadan en la abundancia. Siempre es un placer leerte. Un saludo afectuoso.
ResponderEliminarLlevas razón. Pero yo creo que la historia y las urnas pasará factura a tanta indecencia antes o después. Intentemos que sea antes y trabajemos para ello. Saludos.
EliminarSupongo +Antonio J. González Guzmán que tiempos llegarán, y pronto, en que toque desandar un camino que no ha ido a ninguna parte.
ResponderEliminarGracias por el artículo. Muy aclaratorio.
El ataque al estado del bienestar lo han realizado a gran velocidad. Utilizaron el mismo manual de actuación que en otros países durante más de dos décadas. Es la estrategia neoliberal: imponer los intereses económicos particulares de las grandes corporaciones y de los poderosos, pasando por encima de lo que haga falta. Desandar lo que han hecho va a ser largo y tortuoso. Es lo que yo creo, pero habrá que intentarlo con más implicación ciudadana.
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