viernes, 19 de septiembre de 2014

Aquel largo y cálido verano

En plena canícula de aquel 23 de agosto de 2011, el ya desconcertado Presidente del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, nos sorprendió a todos al promover una súbita reforma de la Constitución de 1978. El origen de tan drástica decisión, consensuada con el principal partido de la oposición, tuvo su origen en la enigmática carta dirigida el 5 de agosto anterior por el entonces presidente del BCE (Banco Central Europeo), Jean-Claude Trichet

Todos recordamos la patética imagen en la que el Presidente Zapatero venía desenvolviéndose dentro y fuera de España en aquellos meses de 2011. Abandonado por los suyos, acosado por una oposición feroz y ninguneado por los líderes de UE, circulaba como un zombi por los pasillos de Bruselas agobiado por una crisis de la que no supo o no quiso darse cuenta a tiempo, preso de un shock catatónico, como si éste hubiera sido diseñado en las alcantarillas neoliberales de la Escuela de Chicago. La economía española, presa durante décadas de la especulación inmobiliaria, se derrumbaba ante los ojos ingenuos de quien seguramente había soñado con pasar a la Historia como el adalid del Estado del Bienestar español.


Zapatero ganó sus primeras elecciones en abril de 2004.  Un día después de tomar posesión como presidente del Gobierno, anunció la retirada de las tropas españolas desplegadas en la infame guerra de Irak. A lo largo de sus dos legislaturas el salario mínimo interprofesional pasó de 460,5 € en 2004 hasta los 748 € actuales (un incremento del 62,43%), y se impulsaron, sobre todo en su primer mandato, todo un programa progresista de medidas sociales como la legalización del matrimonio homosexual (2005), Ley de Dependencia (2006), Ley de Memoria Histórica (2007) o Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007). Además, en su primera legislatura, España conoció la tasa de desempleo más baja de los últimos 30 años (8,3% en 2007).
Evolución de la tasa de paro en España

No es el objeto de esta exposición enaltecer una figura a quien la Historia reprochará no haber entendido que la evolución social debe contar con una armonía entre el querer hacer y el poder hacerlo. No haber entendido que la pantanosa base en que durante décadas se había sustentado la economía española era jugar a un funambulismo suicida. Un país cuya riqueza (PIB) se sustentaba en la construcción (12%) y en el sector servicios (69%), éste en buena medida orientado a la construcción y el turismo, con un escuálido sector industrial (16%) y un sector primario con cada vez menor peso en el PIB (3%), era un país sin ninguna fortaleza económica y para el que cualquier vaivén le podía convertir en tumor la más mínima rozadura.

Ese fue el gran problema de Zapatero, querer hacer crecer a un gigante con pies de plomo. "Estamos en la Champions League de la economía" o "Somos la octava potencia mundial, la envidia de Europa y pronto superaremos a Francia como ya hemos hecho con Italia", se atrevería a afirmar en 2007, ebrio de éxito cuando aún la tormenta financiera no había estallado. Quizá no sabía, o no quiso saber, que el plan era otro para quienes realmente deciden los destinos del mundo.
 
Pero volvamos al principio, a aquel verano de 2011. Ya habían pasado los días de vino y rosas, y Zapatero, presionado por los acontecimientos, no había tenido tregua desde el inicio de su segundo mandato (2008). El estallido de la burbuja inmobiliaria había desencadenado la mayor crisis financiera y bancaria que se había conocido en España con el consiguiente descrédito internacional de la economía española. Durante tres años Zapatero había visto derrumbarse su particular edén al que sólo apuntaló con medidas fallidas (subida del IVA, reforma laboral, recortes sociales, ajustes salariales a los funcionarios, reformas del sistema de pensiones…) que siempre apuntaron al socavamiento del estado de bienestar colectivo y que nunca fueron suficientes para los gendarmes europeos.

Jean-Claude Trichet, presidente del BCE (2003-2011)

Aquella enigmática carta (PULSAR PARA VER CONTENIDO COMPLETO) de Jean-Claude Trichet, le instaba a más, a mucho más de lo que ya había puesto en marcha: rebajar los salarios, facilitar el despido, debilitar a los sindicatos, limitar por ley el gasto público, adopción de severas medidas fiscales o, incluso, aprovechando la coyuntura, liberalizar el mercado de alquileres. Ello suponía una injerencia en toda regla en la soberanía nacional cuya consecuencia inmediata fue que el 23 de agosto, Zapatero y Rajoy acordaron reformar la Constitución española para limitar el déficit público. La reforma del artículo 135 de la Constitución sería sancionada y promulgada por el Rey el 27 de septiembre de 2011 sin referéndum alguno.

Cabe no olvidar que en los mismos términos y con las mismas exigencias fue enviada, simultáneamente, otra carta al gobierno italiano de Silvio Berlusconi, pero, claro, el gobierno italiano fue menos diligente para plegarse a las exigencias europeas.

Para España el plan estaba trazado. A partir de entonces quedaba el camino expedito para aplicar en nuestro país las políticas neoconservadoras inspiradas en el Consenso de Washington  y que tanto dolor habían causado ya en Portugal, Grecia y en otros países del mundo (véanse las entradas de este blog Todo un plan de largo alcance y El auge del capitalismo del desastre). Sólo faltaba alimentar en shock colectivo (subida de la prima de riesgo, fuga masiva de capitales, crisis de Bankia y de las cajas de ahorro, hundimiento de los mercados inmobiliarios, retirada del crédito a pequeñas empresas y particulares, despidos masivos…) para que la ciudadanía, abrumada, entregara la mayoría absoluta en las urnas a quienes estaban prestos a ejercer de sicarios en la implantación de implacables medidas de austeridad a toda velocidad. No se cortaron ni un pelo en criminalizar a todo lo que se movía para afirmarse en sus planes: ¡Habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades!, se atrevieron a difundir. No se puede ser más miserable.

Nos hallamos en un nuevo mes de septiembre, el 3º desde que nuestro Parlamento renunció a parte de nuestra soberanía en favor de los mercados. Hoy ya conocemos los resultados. Las gloriosas soluciones impuestas por los burócratas europeos y ejecutadas de manera inmisericorde por el gobierno del Sr. Rajoy nos han sumido en mayor pobreza, sufrimiento y pesimismo. La tasa de desempleo subió y sigue anclada en lo más alto, los jóvenes, sin futuro, emigran por doquier, las políticas sociales han sido arrasadas, la educación y la sanidad enferman endémicamente, la devaluación salarial ha sido brutal, la precariedad en el empleo se generaliza sin perspectivas de solución, y, mientras tanto, se nos inunda con mentiras envueltas en un lenguaje eufemístico y procaz para hacernos creer que las cosas están mejorado.
   
Aquel verano de 2011 fue cálido, como todos los veranos, y será eterno en el recuerdo para cuantos, ajenos, habrían de padecer las consecuencias de lo que, a espaldas de todos, otros decidieron: poner por delante del bien colectivo su propia salvación y la de los intereses que representan.

A.J.G.G.

* * * *

El artículo 135 de la Constitución de 1978 antes de reformarse era el siguiente:

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
El nuevo artículo 135 quedó así:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

5 comentarios:

  1. Significado de "Estado" según los diferentes desgobiernos en Españistán: "si no tienes dinero te quitaremos lo poco que tienes y se lo daremos a quien vive como un rey"
    Significado de "Estado de Derecho" según los diferentes desgobiernos en Españistán: Utilizaremos la Ley para evitar que con la Ley podáis defenderos, os quitaremos lo poco que tenéis y se lo daremos a quienes viven como reyes

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  2. Lo que ha creado esta crisis es una mayor desigualdad social, tendemos como en muchos otros países a abolir la clase media. Ahora mismo se venden más productos de lujo, coches de alta gama ¿es eso normal en una situación de apretarse el cinturón? Hay cinturones que ya no tienen agujeros para seguir reduciendo su perímetro mientras otros cinturones ya no abrochan a quienes nadan en la abundancia. Siempre es un placer leerte. Un saludo afectuoso.

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    1. Llevas razón. Pero yo creo que la historia y las urnas pasará factura a tanta indecencia antes o después. Intentemos que sea antes y trabajemos para ello. Saludos.

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  3. Supongo +Antonio J. González Guzmán que tiempos llegarán, y pronto, en que toque desandar un camino que no ha ido a ninguna parte.
    Gracias por el artículo. Muy aclaratorio.

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    1. El ataque al estado del bienestar lo han realizado a gran velocidad. Utilizaron el mismo manual de actuación que en otros países durante más de dos décadas. Es la estrategia neoliberal: imponer los intereses económicos particulares de las grandes corporaciones y de los poderosos, pasando por encima de lo que haga falta. Desandar lo que han hecho va a ser largo y tortuoso. Es lo que yo creo, pero habrá que intentarlo con más implicación ciudadana.

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